El sistema de contratación para construir la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair apunta a un solo objetivo: evitar dos años de licitaciones.
Así lo reconocieron los ejecutivos de la empresa ecuatoriano-argentina Coca Codo Sinclair. “Nos hemos comido dos años de concursos”, dijo Luciano Cepeda, gerente técnico de la compañía.

El 20 de abril, una semana antes de las elecciones, el presidente Rafael Correa quiere firmar como testigo de honor el contrato para la construcción del proyecto hidroeléctrico más importante del país, el Coca Codo Sinclair, que costaría unos $ 2 mil millones (valor referencial) y una capacidad instalada de 1.500 megavatios.
Con esa obra, entre otras cosas, el Gobierno promete ahuyentar al fantasma de los apagones, bajar el costo de la energía desde el 2014, año en el que empezaría a operar la central, e incluso exportar energía.

Se descalificó a la empresa Gezhouba Group por falta de documentación. La compañía que continúa en la licitación es Sinohydro Corporation.
Con un solo licitante sigue el proyecto Coca Codo Sinclair. Ayer en la apertura de los sobres con las ofertas económicas se descalificó a la empresa Gezhouba Group por falta de documentación. La compañía que continúa en la licitación es Sinohydro Corporation.

A las 20:00 del pasado sábado, todas las alarmas de la Central Térmica Esmeraldas, ubicada frente a la Refinería, se dispararon, lo que ocasionó la paralización obligada y abrupta de la planta, con lo cual se dejó de suministrar 135 megavatios al Sistema Nacional Interconectado (SNI).
Técnicos de la planta indicaron que todos los sistemas de seguridad funcionaron a la perfección y que no hubo ningún tipo de peligro.

El legislador por la RED, León Roldós, exige al Gobierno anular la alianza estratégica bajo la cual hace un año se creó la compañía mixta Hidro Coca Codo Sinclair, integrada por las estatales Enarsa, de Argentina, y Termopichincha, de Ecuador.
Esa empresa se constituyó con un capital de $ 400 mil, 70% de los cuales los puso la firma ecuatoriana, y el 30%, la argentina. En aquel entonces, los gobiernos de los dos países asumieron el compromiso de financiar la obra de acuerdo con esos porcentajes.